Que el exdirectivo y fundador de Ueno Bank sea el CEO de Nubicom confirma el vínculo directo con el entorno presidencial. Para más, la propia garantía de oferta de la empresa fue emitida por Ueno. Ni siquiera intentaron disimular. La gravedad no es solo política. No se trata únicamente de corrupción al más alto nivel estatal. Existe también un daño patrimonial.
Mientras que en las licitaciones de la banda 4G (2015-2017) el Estado recaudó US$ 200 millones por la concesión, en la de 5G la ganancia para la Conatel cayó estrepitosamente a solo US$ 4.000.000. ¿Qué excusa puede existir para recibir una oferta cincuenta veces inferior?
El proceso estuvo viciado desde el inicio. La Conatel ignoró su propio Pliego de Bases y Condiciones (PBC) para favorecer a Nubicom, que presentó sus estatutos y balances con dos semanas de retraso. Correspondía el rechazo directo por extemporaneidad, pero se optó por una validación irregular.
El respaldo económico tampoco fue comprobado. Se exigía un patrimonio neto de US$ 10.000.000, pero las auditorías revelan que la firma no alcanzaba ese monto en 2024. La Conatel aplicó una “interpretación favorable” para admitirlos, violentando la equidad del proceso y la seguridad del servicio.
La falta de transparencia es también alarmante. Ante la imposibilidad de verificar con las autoridades argentinas los 100.000 usuarios requeridos en el PBC, se aceptó una simple declaración jurada.
En pocas palabras, se entregó la provisión de bienes y servicios estratégicos a una empresa que se presentó tarde, que no es solvente ni demuestra tener experiencia previa para un mercado como el nuestro.
El modelo de negocio es el golpe final. Se les adjudicó el espectro bajo la premisa de una inversión en infraestructura. Sin embargo, el CEO Osmar Coronel admitió que usarán equipos de terceros (modelo Open RAN), reduciendo drásticamente su inversión real en el país. Por supuesto, también va a sobrar más dinero para los dueños de la empresa y sus testaferros.
Para colmo, y mientras la Conatel habla de un proceso “exitoso”, la empresa ni siquiera cumple los plazos operativos. Hasta ahora, solo reinan el silencio y la inactividad cuando ya se cumplieron los 180 días previstos en los PBC.
Peña y su entorno llegan a extremos nunca vistos de codicia y corrupción. El único fin que parecen perseguir es la recaudación a costa del Estado.
Lo peor es que, en este caso, hablamos de servicios esenciales para que nuestro país sea atractivo para la inversión interna y externa y, por supuesto, para todo tipo de actividades para las que hoy resulta esencial un acceso a internet de calidad.
